¿Qué está pasando con el sistema de salud en Colombia?

Pipol, el sistema de salud volvió a ser noticia porque el 25 de febrero el MinSalud expidió el Decreto 0182 de 2026, que implicaría el traslado de millones de personas de una EPS (Entidad Promotora de Salud) a otra. ¿Por qué?

Contexto

Desde el 10 de febrero el Ministerio de Salud y Protección Social venía preparando el documento. En ese momento varios medios de comunicación reportaron que al menos 6,6 millones de personas podrían ser trasladadas de EPS.

La entidad aclaró que el decreto no busca hacer traslados masivos ni automáticos, sino graduales, para proteger el derecho a la salud de las personas.

El objetivo del decreto es fijar criterios para que las EPS puedan funcionar en municipios y departamentos específicos, lo que en teoría mejoraría la atención en las regiones.

¿Cómo así?

Básicamente, el decreto cambia las reglas de juego para las EPS porque les pone filtros para poder operar a nivel nacional, departamental y municipal.

A nivel nacional: una EPS necesitará tener al menos 1 millón de usuarios en todo el país. Si no los tiene, puede seguir operando, pero con una condición adicional: en cada departamento donde esté presente debe tener al menos el 3% de su total de afiliados nacionales. Si no llega a ese porcentaje en algún departamento, pierde la autorización para operar en todos los municipios de ese departamento.

**A nivel departamental: **la EPS debe tener un porcentaje mínimo de afiliados dentro del departamento. Ese porcentaje varía según el tamaño del departamento: en los más grandes (más de 2 millones de habitantes) debe tener al menos el 5% del total de gente afiliada en el departamento; en los medianos (entre 390.001 y 2 millones de habitantes), el 10%; y en los más pequeños (entre 100.000 y 390.000 habitantes), el 15%. Si no alcanza ese umbral, no puede operar en ese departamento, así tenga usuarios en algunos de sus municipios.

A nivel municipal: la EPS debe cumplir dos condiciones al mismo tiempo: 1) tener al menos el 3% de los afiliados totales que haya en el municipio y 2) estar dentro del número máximo de EPS permitido según el tamaño poblacional del municipio. Ese límite va desde 1 EPS en los municipios más pequeños (hasta 20.000 habitantes) hasta 5 EPS en municipios medianos (entre 100.001 y 500.000 habitantes). En las ciudades grandes, de más de 500.001 habitantes, no hay límite numérico, pero sigue aplicando el filtro del 3% de afiliados del municipio.

En resumen: si una EPS no pasa alguno de estos tres filtros, sus usuarios en ese territorio serían trasladados a otra entidad que sí los cumpla.

¿Por qué este cambio?

Según Paul Lesmes, economista experto en economía de la salud y profesor de la Universidad del Rosario, las EPS ya funcionaban por regiones y departamentos: Savia Salud, por ejemplo, es una EPS del régimen subsidiado que atiende en Antioquia, y el Servicio Occidental de Salud opera en el Valle del Cauca, entre otras.

La única excepción es la Nueva EPS, la entidad más grande del país con más de 11 millones de usuarios y presencia en todas las regiones.

Antes del decreto, una EPS que quisiera funcionar en diferentes lugares debía cumplir ciertos requisitos, pero el número de usuarios afiliados no era uno de ellos. Eso hizo que en algunos municipios hubiera entidades que atendían a muy pocas personas y, según el profesor Lesmes, les quedaba difícil cubrir sus necesidades, ofrecer programas para personas con enfermedades crónicas e implementar las políticas de salud definidas por las Secretarías de Salud de cada municipio, como planes de vacunación y prevención.

Por eso tiene sentido que el Gobierno ponga requisitos más estrictos a las EPS para operar en municipios y departamentos.

¿Qué pasa si una EPS no cumple los requisitos?

Si una EPS no pasa alguno de los tres filtros, sus usuarios en ese territorio serían trasladados a otra EPS que sí los cumpla. El proceso funciona así:

La Superintendencia Nacional de Salud tiene hasta el 25 de mayo de 2026 para definir en qué lugares puede funcionar cada EPS. A partir de ahí, el MinSalud y la ADRES (la entidad que administra los recursos del sistema de salud) tienen 5 días hábiles para asignar los afiliados a las EPS receptoras, o sea, a las EPS que los atenderán de ahí en adelante.

Los traslados serían efectivos desde el 1 de junio de 2026, y los usuarios tendrían que esperar 60 días antes de poder escoger si quieren cambiarse a otra EPS (si hay más de una habilitada en su municipio). Las EPS que quieran retirarse voluntariamente de algún municipio tienen hasta el 25 de mayo de 2027 para solicitarlo.

Según cálculos de Acemi, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, alrededor de 6,5 millones de personas serían trasladadas de EPS. La Nueva EPS sería la gran receptora: pasaría de 11,5 millones a más de 14 millones de afiliados, un aumento del 22,5%. Las EPS que más tendrían que cerrar y trasladar usuarios serían Coosalud (-29%), Famisanar (-28,4%) y Asmet Salud (-54,7%).

¿Cuál es el problema?

Aunque en teoría la idea tiene sentido, hay varios inconvenientes:

El decreto exige un porcentaje mínimo de afiliados, pero no garantías sobre la capacidad real de las EPS (dinero, personal, infraestructura). En algunos municipios no hay más de dos EPS (Nueva EPS y otra) y si la segunda no cumple con el porcentaje mínimo, las personas serían trasladadas a Nueva EPS, que actualmente está en su momento más humilde.

¿Quieren entender mejor cuál es el rollo con la Nueva EPS? Pásense por este live que hicimos con pipol experta sobre el tema.

A eso se le suman otros factores: fijar un tope máximo de EPS por municipio no garantiza mejor atención, y el tiempo de transición puede ser insuficiente para una reorganización de esta magnitud. Según personas expertas, no es claro que tener un porcentaje mínimo de usuarios asegure que las EPS vayan a atender bien a las personas o a implementar mejor los programas de prevención de los gobiernos municipales.

Por otro lado, según datos de la Supersalud (la entidad que vigila el sistema de salud colombiano), mientras que en 2024 hubo 1.604.965 reclamos de usuarios a EPS, en 2025 ese número subió a 2.048.435. Es decir, cada vez hay más inconformidad con la atención.

Según Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo en Colombia, los reclamos se explican por el menor acceso a servicios de salud. Las personas con cáncer, diabetes, VIH, hemofilia o en espera de trasplantes son especialmente conscientes de que dependen de la atención médica para mantener su calidad de vida, por eso reclaman más.

Paréntesis: ¿de dónde viene la crisis del sistema de salud?

De acuerdo con Néstor y otras personas expertas consultadas, la crisis tiene que ver principalmente con que el sistema no tiene suficiente dinero para atender a las personas. Eso ha llevado a que las EPS acumulen deudas por más de $32,5 billones, según la Contraloría General de la Nación en julio de 2025.

Esas deudas son con hospitales, laboratorios, consultorios, gestores farmacéuticos y centros de terapia, que técnicamente se conocen como IPS: las entidades que día a día atienden a las personas, entregan medicamentos, dan citas médicas, hacen exámenes, entre otras cosas.

Cuando las deudas llegan a ese nivel, las IPS deciden no seguir prestando servicios o los reducen, lo que genera más demoras en la atención. El resultado: la misma cantidad de personas para atender (o más), pero menos capacidad para hacerlo.

El origen del problema es una disputa entre el Gobierno y el sector privado. Para el presidente Petro y el MinSalud, el manejo ineficiente de los recursos por parte de las EPS ha generado al menos 5 crisis en los últimos 30 años. En nuestro podcast #18, Lo que nadie explica de la crisis del sistema de salud, hablamos sobre esa historia.

Para el sector privado, en cambio, el Gobierno no ha girado los recursos suficientes para atender a las personas (la llamada UPC), lo que hace que las deudas se acumulen día a día. Esa posición tiene respaldo de la Corte Constitucional, que en enero de 2025 determinó que los recursos girados por el MinSalud efectivamente no eran suficientes.

Más allá de quién tiene la razón, los efectos son evidentes: más reclamos, menos entrega de medicamentos y más demoras para conseguir citas. Sobre todo en EPS intervenidas por el gobierno, como la Nueva EPS, que según el análisis de Acemi recibiría la mayor parte de los usuarios trasladados.

¿Y qué pasa con la pipol que trabaja en el sector?

Aunque a primera vista la preocupación es dónde van a ser atendidas las personas, hay otra cara de la moneda: ¿qué pasa con quienes las atienden?

Según Clemencia Mayorga, médica y representante sindical del sector, históricamente los trabajos en salud se han dado bajo contratos de prestación de servicios, a pesar de que las funciones reales van mucho más allá de ese esquema y terminan siendo labores subordinadas, con horarios, entre otras características de un contratos laborales que deberían pagar vacaciones, primas, cesantías y otras prestaciones sociales.

En este contexto de desfinanciación, muchas entidades han tenido que reducir gastos cerrando servicios como unidades de pediatría y ginecología, lo que implica cancelar contratos al personal de esas áreas. Pero los despidos no son lo único: en medio de las deudas, se ha priorizado el pago a proveedores, medicamentos y tecnologías, haciendo que los pagos de nómina se retrasen y, en algunos casos, que no se pague la seguridad social (salud y pensión) de las personas trabajadoras.

Con este nuevo decreto, las EPS que no queden habilitadas en municipios y departamentos no solo tendrían que despedir personal, sino también cancelar los contratos con las IPS. Eso obliga a gestionar nuevos acuerdos con las EPS que sí queden habilitadas o, en el peor de los escenarios, a cerrar. Todo esto genera más incertidumbre y le pone más presión a un sistema de salud que ya venía con fallas en la atención.

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