¿Qué pasó con Sanitas?

Pipol, la EPS Sanitas llevaba más de un año intervenida pero el jueves de la semana pasada la Corte Constitucional tumbó la intervención porque la Superintendencia de Salud no cumplió con el debido proceso. Pero vamos por partes.

Contexto

Sanitas es la segunda EPS más grande del país con más de 5.8 millones de personas afiliadas. Desde el 2 de abril del año pasado la Superintendencia de Salud la intervino administrativamente, es decir, la EPS dejó de estar en cabeza de una administración privada y las decisiones las empezó a tomar una persona nombrada por la Superintendencia (el agente interventor).

El objetivo de las intervenciones es que una nueva administración ponga la casa en orden y tome mejores decisiones para corregir los errores internos identificados por la Superintendencia.

En este caso, según el SuperSalud de esa época, Luis Carlos Leal, tuvieron que intervenir Sanitas porque las quejas de las personas en su contra habían aumentando y no estaba claro si tenían suficiente plata pa’ seguir funcionando, por ejemplo, en abril de 2024 debían $2 billones de pesos a IPS, proveedores y más. Según la SuperSalud, las deudas tan altas de la EPS podrían afectar a las personas afiliadas porque era más complicado darles las citas, medicamentos y procedimientos que necesitaban.

El cuento no termina ahí…

Aunque la tutela es la forma en la que muchas personas logran que las EPS les autorice medicamentos o les den una cita, en este caso fue la propia EPS la que puso una tutela pa’ contrarrestar la intervención.

Varias empresas como la Clínica Sanitas, el grupo Keralty y el expresidente de la EPS, que de alguna forma estaban relacionados con la administración de Sanitas, pusieron una tutela para que la justicia del país revisara si todo bien con el proceso de intervención o si había errores.

Dos veces negaron la tutela y les dijeron que todo estaba en orden. La primera vez fue el Tribunal Superior de Bogotá y luego la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Peeero, la tercera fue la vencida para Sanitas, porque la Corte Constitucional en octubre decidió revisar la tutela y la semana pasada les dio la razón tumbando la intervención (con la sentencia SU-277/25).

¿Por qué?

Según un análisis jurídico de Consultorsalud, medio especializado en salud, la Corte Constitucional tumbó la intervención porque la Superintendencia no cumplió con el debido proceso. Para entender mejor el asunto toca tener en cuenta que en 2023 una parte de la Corte Constitucional, que revisa temas de salud (la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008), hizo varios llamados de atención:

Y básicamente decían algo así como: “Ojo, el Sistema de Salud está en los rines pero no es solo culpa de las EPS. El gobierno no está mandando plata suficiente para cubrir los servicios de salud de todas las personas afiliadas”.

¿Cómo así?

Ahí hay que hacer un recorderis. Todas las personas que están afiliadas a una EPS tienen un paquete de servicios, medicamentos y tratamientos autorizados sin importar si están en el régimen subsidiado o contributivo, eso se llama Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El gobierno debe mandar una plata por cada persona afiliada para asegurar ese plan, a eso se le llama Unidad de Pago por Capitación (UPC), o sea lo que cuesta atender a un paciente subsidiado o contributivo en el año.

Pero, si por alguna razón a ese paciente le mandan un medicamento que no está incluido en el plan porque tiene una enfermedad muy rara, toca atenderlo. Lo más probable es que ese paciente salga más caro, por eso desde 2020 se crearon los presupuestos máximos pa’ financiar esos eventos más extraordinarios.

Resumiendo el cuento, la Corte desde 2023 ya venía diciendo que la UPC y los presupuestos máximos se estaban quedando cortos y eso ponía en riesgo el derecho a la salud de las personas y el funcionamiento de las EPS. Pero cuando la Super decidió intervenir a Sanitas por su mala situación financiera no tomó en cuenta lo que ya había dicho la Corte.

¿Y entonces?

Después de que la Corte tumbara la intervención, la cabeza de la EPS Sanitas vuelve a ser privada y pueden tomar decisiones administrativas, financieras, etc. Eso puede ayudar a que la atención de pacientes sea más fácil, aunque según el grupo Keralty, parte de su administración, la intervención los dejó en la olla. Por ejemplo, si las quejas de pacientes eran altas en 2024, este año han aumentado aún más según datos de la SuperSalud.

Fuente: elaboración propia con datos del Reporte de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes a la Información de la Superintendencia de Salud, mayo de 2025.

Además, según un informe del centro de estudios Así Vamos en Salud de junio de 2025, la EPS perdió patrimonio en el último año. Pasó de tener $21 mil millones de patrimonio en 2024 a un patrimonio negativo de $1.1 billones en 2025. O sea, sus deudas son mucho más altas que sus bienes, propiedades e ingresos. Esa situación es grave porque puede afectar la atención a pacientes e incrementar el número de quejas.

La vaina es que la Sanitas no es la única en esas. En el mismo informe muestran cómo otras 12 EPS están con un patrimonio negativo y muchas más lo han reducido. Y aunque es preocupante, no se trata de un problema nuevo o solo de Colombia, en general en el mundo los sistemas de salud cada vez necesitan más dinero para funcionar.

Hay que echarle un ojo

Varias cosas pueden pasar:

La Corte Constitucional mandó este caso pa’ que pipol experta en salud lo revisara y ahí pueden sacar cosas que ajusten los procesos de intervención a EPS.
Está pendiente si el grupo Keralty va a demandar al Estado por esta intervención, tomando como argumento la sentencia de la Corte.
Está pendiente si alguna de las 9 EPS que también están intervenidas le va a seguir los pasos a Sanitas y van a demandar la intervención de la Super.

En general, esta decisión de la Corte vuelve a poner en el centro de la discusión, por otros meses más, al sistema de salud, su sostenibilidad financiera y la garantía del derecho a la salud.

¿Qué fuentes consultamos pa’ este contenido?

1 abogada experta en seguridad social.
12 fuentes documentales como reportes de la Superintendencia de Salud, sentencias y autos de la Corte Constitucional, análisis jurídicos, comunicados publicados y más.