¿El gobierno quiere censurar los contenidos de internet en Colombia?

Pipol, hay un proyecto del gobierno en el Congreso que busca convertir el internet en un derecho fundamental pero también le pondría más controles a lo que publicamos y vemos en la web, ¿por qué esa mezcla tan explosiva? Veamos.

Contexto

El 20 de agosto de este año el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó un proyecto de Ley de Internet Solidario porque quieren que este servicio, igual que otros como el agua, sea un derecho fundamental. Eso ayudaría a que más personas, principalmente las de menos recursos, tengan acceso al internet y no gasten tanta plata en eso. 

El proyecto propone que las empresas de internet den una tarifa más baja pa’ la gente que vive en estrato 1. Además, habrá un subsidio pa’ quienes estén en el grupo A del Sisbén: la gente más vulnerable.

La plata pa’ ese subsidio saldrá de un cobro extra del 30% a gente que viva en estrato 5, 6 y empresas medianas y grandes.

¿Y cuál es el problema?

Hay severo debate por al menos dos artículos. El primero es el artículo 10 que le daría funciones de control, policía administrativa y toma de posesión en el sector al MinTic, funciones similares a las de la Superintendencia de Servicios Públicos, que puede intervenir empresas. 

Ahí políticas como Paloma Valencia han dicho que ese artículo permitiría, por ejemplo, que el Ministerio tome posesión de medios de comunicación. Sin embargo, Pilar Sáenz, coordinadora de Participación Cívica de la Fundación Karisma, señala que estas funciones servirían pa’ que el Ministerio interviniera en las infraestructuras de empresas de internet pa’ facilitar el acceso de más personas.

Por ejemplo, para que las antenas o redes de fibra óptica que ya tienen instaladas una empresa permitan desplegar más infraestructura en zonas y territorios donde es más difícil, a eso se le conoce como función social.

Por otro lado, en el artículo 11, el proyecto habla de las obligaciones de gente del sector (proveedores de servicios intermediarios digitales) pa’ que colaboren con entidades públicas y haga control de contenidos.

¿Qué pasa con eso?

El proyecto obligaría a “proveedores de servicios intermediarios” a dar info’ pa’ investigaciones, bloquear o eliminar contenidos que vayan en contra de las leyes del país y combatir la desinformación.

El lío pa’ Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma una organización de la sociedad civil que trabaja por la defensa de derechos digitales, es que el proyecto de ley es muy ambiguo.

No define quiénes son esos proveedores y cuáles serán sus responsabilidades específicamente. Aunque menciona a servicios de alojamiento, almacenamiento y plataformas en línea, para Catalina nada más en la categoría de plataformas podrían entrar muchos actores desde servidores muy pequeños y foros comunitarios hasta grandes plataformas como Instagram o Google, lo que genera riesgos.

Por su parte, el 8 de septiembre el exministro de las TIC, Julián Molina, dijo que el proyecto busca proteger la infraestructura pa’ que la gente acceda a internet y no incluirá a los contenidos de medios de comunicación. Sin embargo, una de las críticas es que eso lo dijo en su cuenta de X (Twitter), más no está explícito en el proyecto de ley. 

¿Y la desinformación?

Otro de los puntos polémicos es que le pone a estos proveedores la tarea de combatir la desinformación y los contenidos perjudiciales. Pero, de nuevo, no los define.

Para Catalina y Pilar, este tipo de regulaciones no deberían estar en el mismo proyecto de ley que busca hacer del internet un derecho fundamental. Y, en caso de que se quisiera regular los contenidos digitales, debería haber criterios claros para definir qué es la desinformación, quiénes la van a regular y cómo se hará para que no viole la libertad de expresión de las personas, que también es otro derecho.

Si se llegara a aprobar el proyecto tal y como está lo que podría pasar es que haya un sobrecumplimiento, según Catalina, porque las plataformas y más actores en internet intentando evitar sanciones o multas haría un control mucho más estricto de los contenidos que las personas pueden publicar. O sea, bajarían todo lo que huela a falso o dañino.

Y en esa caso, si una persona ve que le bajan el contenido porque toca ciertos temas entonces se cohibiría de publicarlos. Esto se ha denominado como censura previa.

¿Y entonces?

Aunque es bueno que más personas accedan a internet, eso no debería mezclarse en la regulación de contenidos digitales.

Para Emanuel Vargas, abogado experto en derechos digitales y codirector de El Veinte, hay una tendencia en el mundo a regular más el internet, sin embargo, esas regulaciones no debería ir en contra de derechos como la libertad de expresión y el debido proceso.

En el caso de Colombia ya hay ciertas normas que regulan algunos contenidos perjudiciales para niñas, niños y adolescentes o contra la violencia política, pero no necesariamente están articuladas.

Las personas expertas que consultamos están de acuerdo con que es un trabajo difícil y que se tiene que agarrar con pinzas.

¿Cómo debería ser?

Aquí pueden haber dos posturas: por un lado la regulación debería ser clara, específica y que le dé obligaciones a los proveedores según el campo en el que trabajen y cuántos usuarios tienen, algo como se hace en la Unión Europea y Brasil.

Pero por otro lado, Catalina Moreno menciona que el foco debería estar en proteger los derechos humanos en internet y buscar las formas de reparar los daños que se generan en el espacio digital, establecer canales en las plataformas y redes para que se más fácil llevar procesos y reclamos, entre otras vainas.

Hasta aquí esta nota, ¿ustedes cómo lo ven?

Agradecimientos especiales a Catalina Moreno, codirectora de Fundación Karisma; Pilar Sáenz, coordinadora de Participación Cívica de la misma organización; y a Emmanuel Vargas, codirector de El Veinte, por sus comentarios claves pa’ desarrollar este contenido.