¿Cuáles son los impuestos de la nueva emergencia económica de Petro?

Este miércoles en la noche, con el decreto 150 de 2026, el gobierno Petro declaró una nueva emergencia económica para atender las inundaciones en Urabá y Córdoba. Y mucha pipol está con los pelos de punta porque la declaró luego de que la Corte Constitucional le pusiera un tatequieto por dudas en la validez de la emergencia económica que había sacado en diciembre.

Le adelantamos que una emergencia económica es un estado de excepción que permite la Constitución para que los gobiernos nacionales, a través de su Presidente, tomen decisiones con fuerza de ley sin pasar por el Congreso durante 30 días o máximo 90. Estas emergencias deben usarse literal, para gestionar emergencias y deben estar justificadas.

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¿Qué quiere el gobierno?

El gobierno busca recoger $8 billones pa’ manejar la situación de las inundaciones por la crisis de lluvias en el noroccidente del país. Y explica que es necesario declarar la emergencia y sacar nuevos impuestos porque para atender esta situación necesitan más plata, ya que no tenían contemplado este gasto de imprevistos, de gestión del riesgo, en el presupuesto.

Un paréntesis. Esto de no tener suficientes recursos previstos para atender emergencias climáticas, que suelen ocurrirnos cada año, ha sido criticado por la gestión del riesgo que Colombia tiene frente a este tipo de situaciones. Es decir, el país debería estimar los riesgos de una mejor manera y así mismo, tener recursos para atender emergencias de este estilo, que además, suelen ser frecuentes.

Volviendo al tema… En el Consejo de Ministros del martes 10 de febrero, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la idea que tienen es decretar un impuesto de entre el 0,6% y el 1,2% a las personas jurídicas con un patrimonio de entre $10.400 millones (200.000 UVT) y $31.400 millones (600.000 UVT). Es decir, impuestos a las empresas grandes.

Además en un Consejo de Ministros el jueves 12 de febrero, Petro volvió a hablar de poner inversiones forzosas. Estas son un mecanismo que obliga a los bancos a destinar una parte de la plata que manejan para darle créditos a algunos sectores de la economía. En este caso, el presidente quiere que se destinen al agro en las zonas afectadas y, el ministro de Hacienda dijo luego en otra rueda de prensa, que también las están considerando para las microempresas con el fin de ayudarlas a pilotear el aumento del salario mínimo de 2026.

Las inversiones forzosas no son nuevas. Existen en Colombia desde los 90 a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario de Finagro. Los bancos deben comprar estos títulos pa’ que Finagro tenga plata y le preste a pipol campesina.

Este tipo de medidas tiene gente a favor y en contra. Una dice que limita la libertad de los bancos de prestar el dinero y eso puede hacer más caro los créditos, si tienen menos plata libre pa’ prestar. Puntualmente, Asobancaria (el gremio de los bancos) ha dicho que no están de acuerdo con esta medida y que podría aumentar la intervención del Estado en cómo se ponen los créditos en el país, técnicamente la represión financiera.

Pero hay otra gente experta que dice que las inversiones forzosas no son tan riesgosas porque suele ser poca plata frente al total que manejan los bancos o entidades financieras y que, en cambio, sí ayuda a sectores que necesitan un empujón.

El paquete de decretos con los detalles de las medidas pa’ recaudar esta plata aún no ha salido. Entonces aún no se sabe qué impuestos quedarán, cómo serán sus magnitudes, plazos y a quiénes impactarán. Se espera que eso salga pronto.

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¡Nueva emergencia, mismo problema!

Las inundaciones en varios departamentos del noroccidente del país son efectivamente una nueva emergencia que ha dejado a más de 58.000 personas afectadas solo en el departamento de Córdoba, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Y el gobierno tiene la responsabilidad de resolver esta crisis.

En el decreto que declara la emergencia económica el gobierno explica que, a raíz de los problemas que ha habido con el presupuesto público de 2026, la plata que hay asignada para la Ungrd no le alcanza y que no tiene de dónde darle.

La novela de por qué el gobierno tiene las finanzas apretadas es larga. Pero el chisme tiene 3 claves.

• El gobierno presentó un presupuesto público desfinanciado pa’ 2026. Es decir, que el Estado no tiene suficientes ingresos para tantos gastos. Entonces lo presentó en llave con una Ley de Financiamiento por $16 billones, una especie de reforma tributaria para llenar un hueco del presupuesto. El Congreso no está obligado a pasar las leyes de financiamiento y si no pasa, el gobierno está obligado a cortar esa plata.
• La Ley de Financiamiento no pasó, entonces decretaron una emergencia económica en diciembre de 2025. El argumento del gobierno es que el Congreso les había dejado sin otra opción que sacar una emergencia. Pero la Corte Constitucional les suspendió este decreto (1390) a finales de enero y los impuesto que habían puesto por esto.
• Cortar el presupuesto no es fácil. En 2025 pasó algo similar, ya que se presentó un presupuesto público desfinanciado y la Ley de Financiamiento tampoco pasó. Pero el rollo es que el presupuesto público tiene muchos gastos que no se pueden cortar y pipol experta dice que esto es un problema estructural en el país y no de este gobierno.

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La discusión de fondo es que muchas personas, en medio de la crisis invernal, están diciendo que el gobierno no tiene motivos válidos para intentar recaudar esta plata vía emergencias económicas.

¿Es una emergencia económica válida?

Esa es la gran discusión y toca ver qué dice la Corte Constitucional. El 29 de enero de este año la Corte suspendió la emergencia económica que el gobierno había declarado en diciembre de 2025 para recaudar más o menos $11 billones en impuestos para llenar parte del hueco que hay en el presupuesto público de 2026.

Aún no conocemos los detalles de por qué la Corte la suspendió (esto se sabrá cuando publiquen el Auto 008 de 2026, donde explican todas sus razones), pero sí podemos anticipar que la pipol magistrada no está muy convencida de que esa emergencia, la de diciembre, sea válida.

Y la razón puede ser que la crisis de las finanzas públicas no es una cosa nueva o extraordinaria y que el gobierno tiene otras herramientas para resolverlo. De hecho, lo de la mala salud de las finanzas públicas lleva siendo advertida varios meses por entidades del gobierno (como el Carf) y gente experta (como centros de pensamiento, exministros de Hacienda o pipol académica).

Una emergencia económica es uno de los 3 estados de excepción que la Constitución permite y tiene unos requisitos. Tiene que ser situaciones excepcionales, imprevistas y que los gobiernos no tengan otra forma de resolver. Además, el decreto que la declara tiene que estar firmado por todas las cabezas de los ministerios. Y es obligatorio que la Corte Constitucional la revise automáticamente pa’ saber si sí es una emergencia válida según la Constitución.

A diferencia de la emergencia de diciembre, puede que la Corte considere válida esta nueva emergencia. Porque la justificación para declararla sí está relacionada a un evento impredecible, como lo es una ola invernal más fuerte de lo normal.

Habrá que esperar a la decisión de la Corte Constitucional en ambos casos. Aunque este es un trámite rápido para la Corte, igual puede tomar meses la decisión.

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¿Qué fuentes usamos pa’ hacer este contenido?

• El Decreto 150 del 11 de febrero de 2026, que declara la emergencia económica por las inundaciones en Córdoba y otros departamentos.
• El Consejo de Ministros del martes 10 de febrero, el Consejo de Ministros del jueves 12 de febrero, y 1 comunicado del MinHacienda sobre este tema.
• 1 trino de la Ungrd informando de la cantidad de personas damnificadas por las inundaciones en Córdoba.
• El Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, que declara la emergencia económica para recaudar $11 billones.
• Los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución que delimitan los 3 estados de emergencia en Colombia.